Informe de la
Red Ara y Fundación Avina
El trabajo de las organizaciones ambientales no cesa. La Red de
Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA), con el apoyo de Fundación
Avina, completó el documento “La contaminación por mercurio en la Guayana
venezolana: una propuesta de diálogo para la acción” con el apoyo de
comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en
salud y biología. Este trabajo muestra la situación actual de este problema en
los estados de Bolívar y Amazonas y contiene recomendaciones de acción para la
mitigación de sus efectos.
La minería artesanal del oro es la causa de este contaminante. Las
consecuencias son muchas. Un porcentaje significativo de la población minera e
indígena se encuentra afectado. Se han detectado concentraciones importantes de
este tóxico en la atmósfera, cuerpos de agua, sedimentos, suelos, animales
acuáticos y vegetación. Y las investigaciones han mostrado una disminución de
la diversidad biológica en ríos. En la actividad de extracción se utiliza el
mercurio para separar el oro de otros minerales con los cuales se encuentra en
estado natural, pero el proceso se realiza usando tecnologías inapropiadas, de
allí el conflicto que tal como indica el informe es un asunto de salud pública
desde hace 25 años.
Aunque parezca una realidad muy lejana al resto del país, es
necesario pensar que los recursos naturales son patrimonio nacional y del
mundo, de ahí que sea imprescindible la sinergia nacional para apoyar y atender
este álgido tema. El documento expone que ¨actualmente la pequeña minería se
practica de manera intensiva en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní y Caura
del Estado Bolívar, así como en diferentes zonas del estado Amazonas. En este
último caso, esta actividad se realiza contraviniendo el Decreto 269 del 06 de
junio de 1989, que prohíbe la minería en todo ese estado. Adicionalmente, se
practica en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES) tanto en el
estado Bolívar, en el Parque Nacional Canaima y en el estado Amazonas en los
Parques Nacionales Duida Marawaka, Yapacana, Parima Tapirapecó, La Neblina, así
como en la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare¨. Además algunos
estudios han encontrado concentraciones importantes de este tóxico en el
embalse del Guri.
Durante la refinación del oro la inhalación de vapores de mercurio
puede producir daños físicos que generan desórdenes de comportamiento,
temblores y retardo mental en la infancia. ¨Recientemente, un estudio
solicitado por la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani
dirigido a evaluar los niveles de contaminación por mercurio en las poblaciones
Ye´kuana y Sanema en la cuenca del río Caura, concluyó que el 92% de las mujeres
examinadas presentan niveles muy superiores a los máximos establecido por la
Organización Mundial de la Salud¨. En el ámbito social la práctica ha invadido
territorios ancestrales de diversos pueblos indígenas y los ha captado para una
actividad económica que no respeta su entorno, aunado a que a la par, estas
comunidades consumen pescado y otros organismos acuáticos contaminados. Otros
problemas sociales se suman también como: comercialización informal del oro,
comercio de mercurio, tráfico de drogas,
licor, alimentos y gasolina, así como la prostitución y otras formas de
explotación humana.
La investigación expone algunas medidas que se han tomado. Entre
2006 y 2007, el Gobierno desarrolló un programa para eliminar la minería en la
cuenca del río Caroní. Posteriormente en el 2010, se inició el llamado “Plan
Caura” con el mismo objetivo. Pero estos intentos de ordenar y controlar no
parecen haber logrado sus objetivos. El Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente ha intentado establecer una plataforma interinstitucional
gubernamental para una política de control, pero estas acciones están todavía en
fase de formulación o se hallan en espera de la asignación de recursos. En cuanto
a organizaciones de la Sociedad Civil, se han realizado importantes labores
educativas, de investigación y de promoción de actividades ambientalmente
sustentables.
Este informe presenta propuestas de acción en varios ámbitos: salud
pública; vigilancia y control ambiental; procesos de gestión local y desarrollo
futuro y procesos de financiamiento. Se exponen alternativas como desplegar
programas de despistaje de contaminación, garantizar atención médica
permanente, fomentar programas educativos y comunicacionales, capacitar
mineros, hacer cumplir las leyes, emprender programas de investigación, lograr
la cooperación internacional, promover eventos científicos y abrir procesos de
diálogo y participación nacional. Una palestra de actividades ejecutables a la
cual sólo falta voluntad y consenso
nacional. Alejandro Álvarez, miembro del comité coordinador de la Red ARA
(conformada por 30 organizaciones ambientales venezolanas), indicó ante los
alarmantes datos, que se espera que el documento ayude a destrabar los
obstáculos para actuar de manera eficiente y urgente. Guayana Páez Acosta,
representante de Avina, señala que “apoyamos esta iniciativa porque estamos
convencidos que solo el diálogo amplio e incluyente permitirá que abordemos
esta problemática de manera mancomunada”.
En una conversación posterior con Alejandro Alvarez, en la que pudimos hacerle algunas preguntas, amplió la información sobre el tema.
Las soluciones o acciones presentadas en el
documento son ambiciosas y convocan la acción de varios sectores de la
sociedad. ¿Es suficiente ¨exhortar a los organismos competentes¨ tal como
indica el informe? La magnitud, severidad y
complejidad del problema exige respuestas integrales, sistemáticas y sostenidas
en el tiempo. Para ello es necesario que todos los actores involucrados en este
problema cooperen y se organicen para atacarlo desde múltiples frentes:
ambiental, social, económico y político. En este caso los organismos del Estado
venezolano con competencia ambiental y de salud tienen la obligación de actuar
y convocar a desarrollar un esfuerzo conjunto de toda la sociedad venezolana y
solicitar el apoyo internacional que se requiera. Estamos hablando de instituciones
como los ministerios del Ambiente, Salud, Defensa, Banco Central (comprador
legal del oro que se produce en Venezuela), Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Gobernaciones
y Alcaldías involucradas. A este grupo de instituciones es necesario agregar a
las universidades que trabajan en el tema, ONG ambientales, sociales y de
derechos humanos, así como instituciones educativas y medios de comunicación
social. No es suficiente exhortar, es sólo a nuestro entender un primer
paso necesario. Como sociedad civil tenemos el deber de recordarle al Gobierno
venezolano su obligación a actuar.
¿Qué se puede hacer desde la
ciudad frente a un tema que parece tan lejano? A primera vista pareciera que nada. Pero es un tema
de violación de derechos humanos y todas las personas deberíamos tener
participación en la defensa de los mismos, en particular frente a situaciones
donde las víctimas de estas violaciones tienen menos posibilidades de
defenderse; también es un tema de nuestro desarrollo como país.
¿Qué implicaciones tiene que la
minería se practique en áreas de régimen especial (ABRAES)? En primer lugar es una actividad inconstitucional e
ilegal. El artículo 127 de la CRBV establece que es una obligación del Estado
proteger los Parques Nacionales. Así mismo es contrario a toda la normativa
legal existente sobre estas áreas. Los parques nacionales conservan ecosistemas
y servicios fundamentales para el desarrollo nacional.
¿Existe una alternativa económica para los mineros? Las soluciones no pueden ser simplistas y necesitan ser planificadas y puestas en práctica a partir del trabajo participativo de todos los involucrados, principalmente los propios mineros, además necesitamos articular Venezuela con las experiencias y avances que han ocurrido en otros países con situaciones similares y convocar a todos los actores posibles para buscar soluciones social, económica, cultural y ambientalmente pertinentes, viables, aceptables y responsables (sustentables).
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