martes, 20 de enero de 2015

ACUERDO DE GOBERNANZA POR LOS RECURSOS NATURALES


Autoridades y expertos latinoamericanos y europeos, con apoyo de CEPAL, se reunieron con el objetivo lograr un pacto por la gobernanza de los recursos naturales
“Hacia una visión de la gobernanza de los recursos naturales para la igualdad en América Latina y el Caribe”, fue el nombre de la Mesa de Alto Nivel organizada por la CEPAL en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y llevada a cabo en Santiago de Chile el pasado 19 de enero. El objetivo fue la creación de una agenda regional que desemboque en un pacto por la gobernanza de los recursos naturales. La nación europea presentó sus experiencias en materia de pactos sociales y políticos, encausados al aprovechamiento de los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales. Como resultado, se abrirá un intercambio con las autoridades nacionales de los países latinoamericanos y caribeños que lleve a la creación de una agenda regional.
En esta ocasión estuvieron presentes ministros, subsecretarios y altos representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como funcionarios y expertos del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UN-ECA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al inaugurar el encuentro expresó: ¨es necesario avanzar resueltamente hacia una mejor y mayor gobernanza y aprovechamiento de los recursos naturales, para que éstos contribuyan a una economía más diversificada, más sostenible en términos ambientales y con sinergias en materia de empleo, bienestar y un desarrollo económico sustentable para la región en el largo plazo¨.
El término gobernanza se traduce en gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la redistribución de las ganancias de productividad, para que sea el conjunto de la sociedad quien se beneficie de la dotación de los recursos naturales. Al respecto, Bárcena explicó que mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región exige a los países construir los pactos y consensos políticos necesarios para que los Estados puedan captar y canalizar eficientemente la inversión de las rentas de sus recursos hacia el logro de sus metas de desarrollo sostenible e inclusivo. La Secretaria del organismo, añadió además que América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales. Varios países se encuentran entre los principales productores mundiales de minerales, mientras que en materia energética fue en 2012 la segunda región con mayores reservas petroleras probadas. También posee un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y 15% de la superficie agrícola mundial, además de ser una gran reserva de biodiversidad.
Por su parte, la Embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, habló sobre la experiencia de su país para lograr que los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales sean aprovechados por toda la población. Comentó que “para alcanzar este objetivo es imprescindible tener un sistema inclusivo y democrático, instituciones públicas sólidas y competentes y que la sociedad ejerza efectivamente el control sobre sus recursos energéticos”, indicó la Embajadora.
La CEPAL recalcó que los elementos, altamente retadores, para la construcción de un pacto en la gobernanza de los recursos naturales son: la creación de una estrategia y política de Estado de largo plazo, para asegurar que los sectores extractivos contribuyan a las metas de desarrollo con diversificación productiva; cambio estructural e inclusión social; actualizar los marcos tributarios de los países para obtener mayor progresividad en la participación del Estado en las rentas; institucionalizar mecanismos de estabilización, ahorro e inversión de largo plazo de estas rentas; y fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los conflictos socio-ambientales y laborales asociados al desarrollo de los sectores extractivos.

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