miércoles, 8 de junio de 2016

COMUNICADO DEL ABOGADO AMBIENTALISTA ALEXANDER LUZARDO SOBRE EL MINISTERIO DE MINERÍA ECOLÓGICA



La minería ecológica no existe, el ¨nuevo ministerio de Maduro¨ es un ejemplo de delirio minero y rentista
Alexander Luzardo Nava

La llamada "minería ecológica" no existe y menos aun en ecosistemas frágiles como los ubicados al sur del rio Orinoco, donde se encuentran las últimas reservas de agua potable no contaminadas de Venezuela, así como bosques tropicales protegidos por decretos de parques nacionales, monumentos naturales (tepuyes), reservas forestales como el Caura, la Paragua, Imataca, la cuenca estratégica del rio Caroní, de la cual depende más del 65 por ciento de la energía eléctrica que surte a Venezuela, asociada a las represas del Guri, Macagua y Caruachi.

La creación de un nuevo mamotreto burocrático, creado por decreto del Presidente de la República Nicolás Maduro, con el fin de promover la explotación minera de las selvas tropicales  y ríos, representa otro error grotesco en el desempeño de las funciones públicas, lo cual constituye una evidencia más de que el jefe de Estado y su gabinete sufren de un delirio minero y rentista, totalmente fuera de la realidad, lo cual representa un problema muy grave en la conducción de los asuntos del Estado.

Definitivamente Maduro no está en sus cabales y esta es una prueba que obliga al país, los dirigentes políticos y dirigentes del Estado, incluyendo al partido de Gobierno, a instrumentar rápidamente los mecanismos democráticos para recuperar una racionalidad mínima en el ejercicio del gobierno y la gobernabilidad democrática.

La designación de otro ente burocrático, el llamado Ministerio de Desarrollo Minero "Ecológico", que recicla otros organismos arruinados, inservibles como Minerven, la Corporación de Desarrollo Minero, se solapa con organismos como la Corporación Venezolana de Guayana, la gobernación del Estado Bolívar, incluso sustituye las competencias del Ministerio del Ambiente (denominado de Ecosocialismo y Aguas), al cual corresponde la política y administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, áreas naturales protegidas o de especial importancia ecológica, que abarcan más del 40 por ciento del territorio nacional, incluyendo más del 15 por ciento, constituido por parques nacionales y monumentos naturales, los cuales poseen protección constitucional en los artículos 127, 128, 129, 304 y 327 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente y sus normas técnicas, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley de Aguas, la Ley de Zonas Costeras, la Ley de Bosques, la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y los convenios y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por la Republica.

El Presidente de la Republica y sus ministros, parecen personas desarraigadas que no viven en Venezuela, no conocen el espacio geográfico, sus características ecológicas, la ordenación del territorio, las normas técnicas, lo cual  permite formular o inventar políticas ficticias, inviables desde el punto de vista económico, social y ambiental, tal como el anunciado motor minero o arco minero, decretando de facto la desafectación de las áreas ecológicamente estratégicas del país de las cuales depende más del 80 por ciento del agua de consumo de los venezolanos, así como del servicio de electricidad.

Que el Presidente nombre un ministro para destruir cuencas sagradas para Venezuela, como las del Caroní, la Paragua, Icabarú y que el alto mando militar no tenga conciencia y no sea capaz de ilustrar y advertir al jefe de Estado sobre los peligros de este infausto mega proyecto minero para la seguridad ambiental y nacional, es un evidencia de la grave crisis ética, técnica, intelectual, política y militar, por la cual atraviesa el país. ¿Cómo pueden enseñar planificación estratégica en las escuelas militares y los cursos de Estado Mayor y al mismo tiempo acatan y avalan la destrucción de las cuencas estratégicas como la del Caroní y las reservas de agua?

Aun conociendo la grave crisis institucional existente, es necesario que reaccionen las fuerzas políticas, las instituciones y en particular la Asamblea Nacional que debe proceder a anular el decreto presidencial 2.248 del 24 de febrero de 2016 publicado en la Gaceta Oficial numero 40.855, donde una extensión de 111.846,70 kilómetros cuadrados, el 12 por ciento del territorio nacional, sería entregado a la voracidad de 150 empresas depredadoras, supuestamente de 30 países, en abierta violación de los artículos 150 y 187 (numeral 7 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela), ya que esas concesiones clasifican como contratos de interés nacional, no solo por los recursos minerales, sino porque en el sur del Orinoco (estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) existen más de 10.000 especies de las 15,000 existentes en todo el país, que serian afectadas gravemente con la criminal deforestación y la contaminación con mercurio y cianuro las aguas y los suelos de escudo guayanés.

Doctor Alexander Luzardo Nava
Ex senador
Autor de las normas ambientales de la Constitución venezolana
Doctor en Derecho Político y Ambiental, summa cum laude, Facultad de Derecho UNED Madrid,
Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV en política, legislación ambiental y desarrollo sustentable
Ex presidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial del Senado

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