miércoles, 12 de agosto de 2015

RED ARA SOLICITA UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA E INTEGRADORA

Heidy Ramírez S.
@ideagenial

Ante los primeros 100 días de desempeño del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, este grupo de ONGs demanda una gestión ambiental eficaz, transparente, participativa, integradora y también solidaria con sus trabajadores, como requisitos fundamentales para avanzar hacia una sociedad sustentable

La red de organizaciones ambientales no gubernamentales de Venezuela, Red Ara, difundió hace unos días un comunicado en el que reflexiona sobre los primeros cien días de gestión del nuevo ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Cabe recordar que esta instancia sustituyó al Ministerio del Ambiente, el cual cesó funciones a principios de este año.  La red indica que tras el análisis, se han detectado situaciones que merecen la rectificación oportuna con el objetivo de construir el camino requerido hacia el desarrollo sustentable. A manera de resumen se tienen como observaciones:

Vacío de información pública: para la Red Ara, las políticas, programas y proyectos del ministerio  no están claras. Se requiere información oficial sobre temas como las actuales políticas de gestión de aguas, conservación de la biodiversidad, control de la contaminación, ordenamiento territorial, gestión de áreas naturales protegidas o lucha contra el cambio climático. Con relación a este último, se recalca que el país desconoce los planes que el ministro Guillermo Barreto comentó recientemente como avances nacionales en la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Al respecto, Venezuela se mantiene rezagada (entre otros pendientes) en la presentación de sus “Contribuciones Nacionales Determinadas¨, esto es, en cuánto reducirá sus emanaciones de gases a la atmósfera. Es bueno recordar que ya otros países han cumplido, como es el caso de México.

Ausencia de respuestas en temas ambientales prioritarios. Destacan denuncias como la presencia de actividad minera dentro del Parque Nacional Canaima, la anunciada ampliación de la zona afectada por minería de carbón en el río Guasare, la contaminación por mercurio, el aumento de las tasas de deforestación en Guayana, así como los anuncios de megaproyectos de desarrollo en áreas de alto valor ambiental e incluso áreas protegidas por Ley.

Solapamiento de competencias ambientales. A criterio de la red, organismos como ministerios (Defensa, Vivienda y Hábitat, Turismo, Comunas) así como gobernaciones, alcaldías y otros, realizan actividades que entran en conflicto con las competencias legales del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, con desconocimiento no solo de los aspectos ambientales básicos, sino de las normas legales relacionadas con la conservación del ambiente, que distan de ser una labor de entes actuando coordinadamente y en cooperación.

Desconocimiento de derechos laborales. Los trabajadores que hasta el 2014 estaban adscritos al Ministerio del Ambiente aún permanecen en un limbo legal que no garantiza su continuidad laboral, ni reconoce sus derechos y beneficios en materia de trabajo. Esta situación según Red Ara, impacta a muchas familias venezolanas. Adicionalmente con esta acción ¨se menosprecia la experiencia, conocimientos y compromiso del personal que por años tuvo sobre sus hombros la gestión ambiental del país¨.

Fallan canales para la participación de la sociedad. Diversos actores sociales y organizaciones han solicitado a las autoridades del nuevo ministerio que sean oídas sus peticiones y opiniones en materia de gestión ambiental, sin embargo, aunque la participación está consagrada como derecho en la Carta Magna, los canales de diálogo parecen inexistentes.

El educador Alejandro Alvarez, quien pertenece a la red, recordó que en un anterior comunicado emitido cuando se creó el ministerio de Ecosocialismo y Aguas se solicitó un encuentro  con las nuevas autoridades. Desafortunadamente a su criterio, los esfuerzos para el diálogo no han logrado la respuesta esperada. Sobre el tema de los trabajadores, apunta que el mismo es muy complicado porque ellos pasaron legalmente en enero de este año al ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, el cual desapareció en marzo sin que se produjera el traslado legal de los empleados. Se trata según explica, de un limbo jurídico que lleva más de cuatro meses y no parece haber voluntad para encontrar una solución satisfactoria. ¨Estos venezolanos deberían tener la protección del Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y los tribunales laborales¨. 

Sobre el abordaje de funciones del ministerio por otros organismos sin la debida competencia o experticia, menciona algunos casos como actividades de reforestación hechas desde helicópteros dejando caer paquetes de semillas sobre sectores quemados en los parques nacionales Waraira Repano (El Ávila) y Henri Pittier sin la correspondiente supervisión de Inparques, institución que por ley administra y supervisa dichas áreas. Con relación a los canales adecuados de diálogo de la sociedad, Alvarez opina que la mayor parte de la legislación ambiental vigente contempla la obligación de establecer procesos de participación y consulta con la sociedad civil y los miembros de las comunidades directamente afectadas o interesadas.  Finalmente sobre la necesaria labor de contraloría social, el experto recordó que todos los organismos del Estado tienen la obligación legal de hacer y presentar al país informes anuales de gestión. En ellos deben dar cuenta de las actividades realizadas y del uso del dinero público que manejan según los presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional. ¨Un Estado democrático y moderno busca que toda su actuación sea lo más transparente, y en tal sentido informa de todas las maneras posibles a los ciudadanos sobre sus planes y proyectos y facilita la máxima participación de la sociedad en la toma de decisiones así como en la supervisión de la implementación de los procesos previamente planificados¨. 

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