Heidy Ramírez S.
@ideagenial
Ante los primeros 100 días de desempeño
del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, este grupo de
ONGs demanda una gestión ambiental eficaz, transparente, participativa,
integradora y también solidaria con sus trabajadores, como requisitos
fundamentales para avanzar hacia una sociedad sustentable
La red de organizaciones ambientales no
gubernamentales de Venezuela, Red Ara, difundió hace unos días un comunicado en
el que reflexiona sobre los primeros cien días de gestión del nuevo ministerio
de Ecosocialismo y Aguas. Cabe recordar que esta instancia sustituyó al
Ministerio del Ambiente, el cual cesó funciones a principios de este año. La red indica que tras el análisis, se han
detectado situaciones que merecen la rectificación oportuna con el objetivo de
construir el camino requerido hacia el desarrollo sustentable. A manera de
resumen se tienen como observaciones:
Vacío de
información pública: para la Red Ara, las políticas, programas y proyectos del ministerio no están claras. Se requiere información
oficial sobre temas como las actuales políticas de gestión de aguas,
conservación de la biodiversidad, control de la contaminación, ordenamiento
territorial, gestión de áreas naturales protegidas o lucha contra el cambio
climático. Con relación a este último, se recalca que el país desconoce los
planes que el ministro Guillermo Barreto comentó recientemente como avances
nacionales en la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Al respecto,
Venezuela se mantiene rezagada (entre otros pendientes) en la presentación de
sus “Contribuciones Nacionales Determinadas¨, esto es, en cuánto reducirá sus
emanaciones de gases a la atmósfera. Es bueno recordar que ya otros países han
cumplido, como es el caso de México.
Ausencia de
respuestas en temas ambientales prioritarios. Destacan denuncias como la
presencia de actividad minera dentro del Parque Nacional Canaima, la anunciada
ampliación de la zona afectada por minería de carbón en el río Guasare, la
contaminación por mercurio, el aumento de las tasas de deforestación en
Guayana, así como los anuncios de megaproyectos de desarrollo en áreas de alto
valor ambiental e incluso áreas protegidas por Ley.
Solapamiento
de competencias ambientales. A criterio de la red, organismos como
ministerios (Defensa, Vivienda y Hábitat, Turismo, Comunas) así como gobernaciones,
alcaldías y otros, realizan actividades que entran en conflicto con las
competencias legales del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, con
desconocimiento no solo de los aspectos ambientales básicos, sino de las normas
legales relacionadas con la conservación del ambiente, que distan de ser una
labor de entes actuando coordinadamente y en cooperación.
Desconocimiento
de derechos laborales. Los trabajadores que hasta el 2014 estaban adscritos
al Ministerio del Ambiente aún permanecen en un limbo legal que no garantiza su
continuidad laboral, ni reconoce sus derechos y beneficios en materia de
trabajo. Esta situación según Red Ara, impacta a muchas familias venezolanas. Adicionalmente
con esta acción ¨se menosprecia la experiencia, conocimientos y compromiso del
personal que por años tuvo sobre sus hombros la gestión ambiental del país¨.
Fallan canales
para la participación de la sociedad. Diversos actores sociales y
organizaciones han solicitado a las autoridades del nuevo ministerio que sean
oídas sus peticiones y opiniones en materia de gestión ambiental, sin embargo,
aunque la participación está consagrada como derecho en la Carta Magna, los
canales de diálogo parecen inexistentes.
El educador Alejandro Alvarez, quien pertenece a la
red, recordó que en un anterior comunicado emitido cuando se creó el ministerio
de Ecosocialismo y Aguas se solicitó un encuentro con las nuevas autoridades. Desafortunadamente
a su criterio, los esfuerzos para el diálogo no han logrado la respuesta
esperada. Sobre el tema de los trabajadores, apunta que el mismo es muy
complicado porque ellos pasaron legalmente en enero de este año al ministerio
de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, el cual desapareció en marzo sin que se
produjera el traslado legal de los empleados. Se trata según explica, de un
limbo jurídico que lleva más de cuatro meses y no parece haber voluntad para
encontrar una solución satisfactoria. ¨Estos venezolanos deberían tener la
protección del Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y los
tribunales laborales¨.
Sobre el abordaje de funciones del ministerio por
otros organismos sin la debida competencia o experticia, menciona algunos casos
como actividades de reforestación hechas desde helicópteros dejando caer
paquetes de semillas sobre sectores quemados en los parques nacionales Waraira
Repano (El Ávila) y Henri Pittier sin la correspondiente supervisión de
Inparques, institución que por ley administra y supervisa dichas áreas. Con
relación a los canales adecuados de diálogo de la sociedad, Alvarez opina que la
mayor parte de la legislación ambiental vigente contempla la obligación de
establecer procesos de participación y consulta con la sociedad civil y los
miembros de las comunidades directamente afectadas o interesadas.
Finalmente sobre la necesaria labor de contraloría social, el experto recordó
que todos los organismos del Estado tienen la obligación legal de hacer y
presentar al país informes anuales de gestión. En ellos deben dar cuenta de las
actividades realizadas y del uso del dinero público que manejan según los
presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional. ¨Un Estado democrático y
moderno busca que toda su actuación sea lo más transparente, y en tal sentido
informa de todas las maneras posibles a los ciudadanos sobre sus planes y
proyectos y facilita la máxima participación de la sociedad en la toma de
decisiones así como en la supervisión de la implementación de los procesos
previamente planificados¨.
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