PRESENTADO ATLAS GLOBAL DE JUSTICIA AMBIENTAL

Cuando las comunidades se planten contra la contaminación, los gobiernos y las empresas cambiarán su comportamiento. Un proyecto europeo que permite visualizar las consecuencias de la demanda de energía y recursos en un mundo cada vez más poblado

Heidy Ramírez @ideagenial

La demanda de energía y recursos naturales en un mundo cada vez más poblado origina problemas ambientales y sociales. Sin duda esta situación ha acompañado a la humanidad desde siempre, pero probablemente en la actualidad, caracterizada por un alto desarrollo tecnológico y una comunicación casi instantánea, su existencia resulta paradójica. No hay continente exento, así lo muestra el Atlas Global de Justicia Ambiental, una plataforma interactiva de mapas que analiza la trayectoria de más de un millar de conflictos ecológicos y espacios de resistencia a nivel mundial.

El mapa fue presentado en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Bruselas), producto del trabajo de un equipo internacional de expertos coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). El Atlas Global de Justicia Ambiental es resultado del proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) como proceso colaborativo entre activistas y académicos.

El catedrático de la UAB, Joan Martínez Alier, director del proyecto EJOLT, explica que esta iniciativa “muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”. Acotó que las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, que no tienen poder político para poder acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud.

Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del Atlas, expone que aunque el mapa muestra tendencias preocupantes como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, también inspira esperanza. ¨Entre las muchas historias de destrucción ambiental y de represión política también se hallan casos de victorias, situaciones donde se ganan los juicios legales, proyectos que se cancelan y los bienes comunes se retornan a la comunidad.

La plataforma en línea permite búsquedas y filtros entre  cien campos y posibilita visualizar los conflictos por tipo de mercadería, compañía o país. El mapa presenta puntos de colores que identifican el origen del problema, sobre ellos el usuario puede hacer clic y obtener datos como actores implicados, descripción, fuentes de información y resultados de las acciones. Uno de los objetivos es facilitar la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos. También se podrá utilizar en el ámbito de la educación y para la defensa legal de casos. Los expertos indican que puede que se vea el mapa todavía como muy incipiente, con buena cobertura de algunas áreas y con espacios y regiones vacíos, pero la idea es que se sumen más organizaciones civiles e investigadores en áreas específicas que puedan contribuir con el proyecto.

Una de las conclusiones importantes es que los movimientos sociales de justicia ambiental de base son clave para conseguir que las formas de consumo y producción sean más justas, equitativas y menos perjudiciales. Según Temper, “sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, los gobiernos y las empresas cambiarán su comportamiento”.

En el caso de América Latina, del total de casos que reseña el Atlas más de 300 son de la región. Colombia presenta la cifra más alta: 72, seguida por Brasil con 58 y Ecuador con 48. Los puntos anaranjados que corresponden a afectaciones por minería abundan en la costa occidental de toda Suramérica. Son escasas las referencias a asuntos relacionados con el agua o con la conservación de la biodiversidad. No obstante es bueno recordar que el mapa está en plena construcción. En lo que compete a Venezuela, por ahora son tres los temas: la explotación de carbón en el estado Zulia que afectaría las fuentes de agua de la zona; los señalamientos a la empresa Smurfit Kappa, productora de papel por sus siembras de especies forestales y su potencial efecto en la deforestación y perturbación de acuíferos y la explosión de la Refinería de Amuay en el 2012, con sus incidencias sociales, políticas, económicas y ambientales todavía no resueltas.

En cuanto al proyecto europeo EJOLT, éste engloba a 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países y está financiado con 3,8 millones de euros. El resultado es fruto del esfuerzo del consorcio internacional y de una red de colaboradores externos que trabajan conjuntamente desde hace más de tres años creando y enriqueciendo bases de datos, mapas e indicadores ambientales relacionados con los conflictos ecológicos. El proyecto además desarrolla casos de estudio, apoya acciones legales, escribe informes, artículos, libros y documentales para difundir las mejores prácticas de justicia ambiental. Para más información sobre EJOLT:  http://ejolt.org/ Y sobre el Atlas Global de Justicia Ambiental: http://www.ejatlas.org/