ACTUALIZAR INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD CUESTA MENOS QUE UN CENSO

Las estimaciones apenas alcanzan los US$ 6.5 millones anuales

Ecólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) participó en el estudio.

Altos de Pipe, 6 de septiembre de 2016.- Vanessa Ortiz Piñango

vortiz@ivic.gob.ve

Foto: Marie Fuzeau

Por primera vez, un grupo de 43 científicos de diversas instituciones del mundo calculó el costo financiero y las fuentes de financiamiento para desarrollar y mantener al día las principales bases de datos globales sobre biodiversidad y conservación. El resultado arrojó US$ 6.5 millones anuales. Esa cifra es significativamente baja si se toma en cuenta que el censo nacional de los Estados Unidos de América requirió una inversión de US$ 13  millardos en el año 2010. “Estamos hablando de seguimiento a todas las especies y ecosistemas del mundo, lo que significa que cualquier país podría usar esta información para producir sus informes nacionales ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, explicó Jon Paul Rodríguez, investigador del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic).

Foto: Arianna Quintero

Rodríguez es coautor del artículo publicado recientemente en la revista PLoS ONE y liderado por Diego Juffe-Bignoli, del Centro Mundial de Monitorización de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (Unep-Wcmc por sus iniciales en inglés). Para estimar lo desembolsado en 12 meses de mantenimiento de los datos y las plataformas, se evaluaron 3 herramientas o productos de conocimiento: Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), Planeta Protegido y Base de Datos Mundial de Áreas Clave de Biodiversidad.

“Un solo avión de combate ruso Sukhoi Su-35 cuesta alrededor de US$ 60 millones. El dinero existe, solo falta que los gobiernos prioricen sus gastos e incrementen la inversión en biodiversidad”, acotó Rodríguez, candidato a la presidencia de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Uicn. La elección para este cargo se efectuará en el Congreso Mundial para la Naturaleza, del 1 al 10 de septiembre en Hawaii.De los US$ 6.5 millones gastados en el 2013, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Uicn demandó US$ 4.7 millones, es decir, el 72% del total de gastos.

Tres décadas bajo la lupa

Foto: Iván Lau

Además de medir el costo financiero de esas bases de datos durante el año 2013, los científicos calcularon el gasto total de esos productos más la Lista Roja de Ecosistemas de la Uicn entre 1979 y 2013. Según lo reportado en el manuscrito, en ese período se precisaron alrededor de US$ 160 millones, de los cuales el 60% fue absorbido por la Base de Datos Mundial de Áreas Clave de Biodiversidad (US$ 99 millones).

En ese lapso se requirió el apoyo de al menos 293 personas-año de tiempo voluntario, valuados en US$ 14 millones. Únicamente en el 2013, se utilizaron 2.963 días de voluntariado, equivalentes a otros US$ 603 mil.

¿Sirve de algo saber esas estadísticas? Los autores del artículo afirman que sí y mucho. A su juicio, es fundamental para tener una idea de cuán sostenible en el largo plazo resulta dicho financiamiento o para explorar otras vías que permitan minimizar esos costos. “Dado el amplio uso de estos productos de conocimiento para comunicar a la Política y para la toma de decisiones a través de los sectores y las escalas global, nacional y regional, es igualmente importante para entender su valor como un bien global”, señalan en el texto.

Sobre este punto, el también presidente de Provita, Jon Paul Rodríguez, agregó que las cuatro herramientas de conocimiento analizadas han surgido por la necesidad de medir el impacto de las intervenciones en materia de conservación. Las mismas “permiten construir indicadores que nos dicen si la situación de una especie o un ecosistema ha cambiado como consecuencia de la implementación de una política pública en concreto”.

Origen de los fondos

Foto: J. P. Rodríguez

Pero el gran deudor no es precisamente el sector gubernamental. Según el estudio, la empresa privada, los donantes multilaterales y las instituciones financieras fueron las que menos contribuyeron en el 2013 con el desarrollo y mantenimiento de esas cuatro grandes bases de datos (solo 4%).

La mayoría de los aportes (53%) provino de donaciones filantrópicas de fundaciones y particulares; los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales apoyaron con 27% de los gastos mientras que las agencias no gubernamentales hicieron lo propio con 11%. Ese evidente sesgo, según los científicos a cargo de la investigación, demuestra que los usuarios de las cuatro herramientas de conocimiento evaluadas colaboran muy poco con su sustentabilidad financiera, a pesar de que al menos 4,5 millones de visitantes acceden a ellos cada año a través de internet para visualizar la información o descargarla. “Las personas, estructuras y procesos que hacen esto posible tienen un costo financiero que es frecuentemente dado por sentado por quienes se benefician de tales recursos”, sentencian los autores.

Por otra parte, los científicos anticiparon la inversión única que se necesitaría para alcanzar los objetivos definidos como básicos para los cuatro productos de conocimiento al año 2020: US$ 103 millones. Esto incluye, por ejemplo, la optimización de la infraestructura, realizar nuevas mediciones y la actualización de las ya existentes, entre otras actividades. Vivir en la era de las nuevas tecnologías abre las puertas al acceso casi ilimitado a los datos, incluidos los de conservación y biodiversidad.

Foto: Akejandra Verde

Sin embargo, también ofrece la posibilidad de integrar todos esos esfuerzos en una sola plataforma tecnológica, “donde cualquier persona pueda trazar el polígono que quiera (un municipio, un estado, un país o un área protegida) y obtener la información de especies, ecosistemas y áreas protegidas, amenazadas o no, de una vez. Creo que ese sería el siguiente paso”, informó Rodríguez.

Entre los 43 científicos que participaron en este proyecto figura otra venezolana, María Oliveira-Miranda, quien desde el Ivic y Provita trabajó en la Lista Roja de Especies Amenazadas y en la Lista Roja de Ecosistemas junto con Jon Paul Rodríguez.