Declaración de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en relación al derrame petrolero en el río Guarapiche, Estado Monagas.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en atención a lo dispuesto en los literales f y j del artículo 4 de su ley de creación y al contenido del artículo 2 de su reglamento, expresa su interés y preocupación por conocer con rigurosidad científica la magnitud que alcanzó y los efectos que pudiera tener sobre la población afectada y el sistema ecológico el derrame de petróleo ocurrido en el río Guarapiche, cuenca del río San Juan, en fecha 4 de febrero de 2012 y del cual ha tenido noticia a través de los medios de comunicación públicos y privados.
La Academia considera preocupante que los órganos del Estado responsables de las operaciones petroleras, de la salud pública, de la seguridad laboral y del ambiente, no hayan presentado, hasta el
momento, una evaluación del hecho acaecido y de sus consecuencias. Esta evaluación inicial debe ser el punto de partida de una consideración justa e imparcial de la evolución del suceso, con carácter retrospectivo elaborada conforme a severos protocolos.
La Academia, dispone de piezas de información, provenientes del trabajo de investigación periodística, reportajes, relatos, declaraciones de diverso orden, efectuadas por autoridades, expertos, la comunidad local y la comunidad afectada por las consecuencias, que consideradas en conjunto dan cuenta de opiniones diversas y percepciones de evaluación diferentes. De esas informaciones considera que las imágenes difundidas por los medios de comunicación social sobre la manera como algunas personas participaron en las tareas de control del derrame son alarmantes por el daño que esto puede causar a su salud, razón por la cual considera indispensable solicitar los estudios clínicos necesarios para garantizar la salud de quienes trabajaron en las condiciones evidenciadas en las imágenes referidas La Academia enfatiza su preocupación sobre los posibles daños ambientales, debido a su conocimiento del valor ecológico del sistema hidrográfico comprometido.
De hecho la cuenca del río San Juan puede definirse como una isla ecológica. En ella habitan comunidades a quienes debe garantizarse que su agua de consumo esté en condiciones de uso sin afectaciones a la salud inmediatas o a largo plazo y que igualmente puedan hacer uso alimentario de la fauna íctica sin deterioro a su salud o que sometidas a la imposibilidad de usar ambos recursos o alguno de ellos, se garantice su adecuada suplencia con suficiencia y oportunidad. Desde el punto de vista ecológico, la Academia informa que esta cuenca es un centro de gran importancia ictiogeográfica y evolutiva de la ictiofauna continental (Mago, 1970, 1978; Lasso et al, 2010). Doscientas dieciocho (218) especies de peces habitan en ella y muchas de ellas se encuentran solamente señaladas para estos ríos.
Además, existen por lo menos cuatro especies endémicas (únicas en el mundo): Bryconamericus yokiae, Creagrutus hysginus, Chaetostoma venezuelae y Farlowella venezuelensis descritas para esta cuenca. La vegetación ribereña de los ríos de la cuenca del San Juan está compuesta por diferentes estructuras que incluye Bosques de Galería, de Piedemonte, Morichales, y Bosques Siempre Verdes de Pantano en la zona continental y un bosque de manglar en su desembocadura en el Golfo de Paria. Cada una de estas comunidades vegetales tiene sus particularidades e importancia biológica tanto como en componentes de biodiversidad como su uso como alimento, refugio y protección la fauna
silvestre.
Los Artículos 127,128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indican entre otros aspectos que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Garantizan que el Estado protegerá al ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Establecen, además, que
la conservación de equilibrio ecológico es obligación expresa de cualquier persona natural o jurídica que realice actividades que puedan afectar los recursos naturales. En ellos, la Constitución reconoce que la naturaleza holística del ambiente al referirse a los estudios de impacto ambiental y socio cultural.
Atendiendo a esa última disposición la Academia considera necesario realizar una evaluación científica del impacto social que este derrame haya podido causar, de la afectación que pudiese haber ocurrido a la biodiversidad del sistema hidrográfico, asi como a la calidad del agua para su uso como tipo 1-A o 1-B, de acuerdo a lo previsto en el articulo 3 del Decreto No 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos.
Esta evaluación de carácter retrospectivo, debe medir la magnitud del daño ocurrido, conocer los mecanismos como se materializó y dar pautas para establecer medidas compensatorias justas, a la vez que dictar normas que procuren evitar sucesos indeseados como el sucedido. Ella debe ser una investigación exhaustiva, independiente de las instituciones, directa o indirectamente involucradas, que cuente con su buena disposición y colaboración.
La Academia convencida de que las autoridades nacionales determinaran la pertinencia de esta evaluación, tal como se hizo en el caso de otros eventos de significación ocurridos en el territorio nacional, como la inundación del río Limón o el deslave de Vargas, ofrece sus buenos oficios para promover, de común acuerdo con los organismos gubernamentales competentes, las investigaciones técnicas y científicas que se consideren pertinentes con el concurso de las universidades nacionales, institutos y centros de investigación expertos en el tema.
La Academia con la convicción de actuar en la defensa del patrimonio natural de la nación y del derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 127 de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela exhorta al Ejecutivo Nacional a patrocinar la realización de estos estudios y las evaluaciones necesarias y su difusión a la comunidad nacional de modo de orientar el debido accionar ante situaciones como estas.
Claudio Bifano Antonio Machado Allison
Presidente Secretario
Caracas, 22 de Febrero 2012.
