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jueves, 9 de septiembre de 2021

CÓMO PUEDEN LOS PERIODISTAS AYUDAR A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

La Red Internacional de Periodistas (IJNET en sus siglas en inglés), proyecto del Centro Internacional para Periodistas (ICJ) llevó a cabo el seminario web  “Cómo pueden los periodistas colaborar mejor con la comunidad científica en la comunicación científica” en el marco del #ForoGlobaldeSalud el pasado 2 de septiembre. Estuvieron como panelistas Claudia Segovia, Fundadora y Coordinadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI) y Thalia García, enlace científico entre el colectivo Científicas Mexicanas y la iniciativa #COVIDconCiencia. El encuentro puede verse de nuevo en:  https://www.facebook.com/watch/live/?v=2991303177817299&ref=watch_permalink
  • Las dos científicas latinoamericanas expresaron algunas inquietudes y recomendaciones sobre el trabajo conjunto entre ciencia y periodismo en el contexto de la pandemia del covid. Al respecto, lo más importante: 
  • Algunos medios y periodistas sacrifican el análisis de la información a favor de la inmediatez, lo que da como resultado ideas incompletas y malinterpretadas. Se busca más lograr likes en redes sociales que informar.  
  • Aunque la pandemia ha hecho que se vuelva la mirada a la comunidad científica y médica no todos los medios de comunicación lo han aprovechado para enriquecer sus maneras de comunicar.  
  • La información en ciencia es dinámica y evolutiva. Lo que hoy es cierto puede haber cambiado mañana, por tanto los medios no pueden hacer creer a su público que un titular es una verdad inamovible. Es importante que se entienda que no se trata de que la ciencia “esté mal hecha” sino de que un tema de investigación puede ir sumando hechos día a día. La incertidumbre también es parte de la ciencia. 
  • Definitivamente muchos científicos no tienen entrenamiento para hablar a la opinión pública en un lenguaje llano, ya que su desenvolvimiento ha sido en congresos, academia y otros entornos. Se espera que los periodistas comprendan que se requiere un proceso de adaptación, de salir de la zona de “confort”, situación que puede resultar desafiante para el investigador que se presenta como fuente.  
  • Los científicos deben entrenarse para desarrollar la capacidad de utilizar un lenguaje que pueda llegar a toda la gente internalizando que la divulgación de la ciencia es fundamental. 
  • Se necesita promover el periodismo científico y formar a comunicadores que sean capaces de sentarse con un investigador. Así también debemos trabajar para que la sociedad en nuestros países latinoamericanos le den a la ciencia y la tecnología un lugar de importancia. 
  • Una excelente idea si se desconoce el arte de comunicar la ciencia es formar alianzas con quienes se dedican a este segmento del periodismo o con redes de expertos. Al respecto un buen ejemplo es el enlace científico entre el colectivo Científicas Mexicanas y la iniciativa #COVIDconCiencia (verificación noticiosa de los datos durante la pandemia). 
  • Un científico no es una fuente que lo sabe todo, existen expertos para cada área. Los periodistas deben acudir a quien realmente puede dar la información requerida. Para ello las bases de datos son útiles, así como la creación de redes de información con datos de investigadores a contactar. 
  • La palabra clave es sinergia. Lo que se da entre quienes que hacen ciencia y quienes  hacen comunicación y periodismo es un proceso de simbiosis. Cada quien tiene su disciplina y cada quien tiene su especialidad pero ambas partes pueden trabajar para beneficio mutuo. La pandemia del covid puede dejar como consecuencia positiva que se preserven las alianzas y el nuevo enfoque reforzado de “la ciencia para la sociedad”.




miércoles, 8 de septiembre de 2021

ACCION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO PUEDE REFORZAR O SUPERAR LA DESIGUALDAD DE GENERO


Santiago, 7 de septiembre de 2021. La transición hacia una economía verde y descarbonizada como base de los esfuerzos frente al cambio climático, no significa automáticamente que sea justa e inclusiva si no presenta un enfoque de igualdad de género. Así fue señalado por las expertas participantes en la sesión sobre “Gobernanza climática con enfoque de género: creación de capacidades y arreglos institucionales”, llevada a cabo este martes 7 de septiembre en el marco del Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género. 


En la sesión participaron Lorena Aguilar, Especialista en Ambiente y Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien realizó una presentación sobre la igualdad de género en la respuesta al cambio climático en América Latina y el Caribe; así como Johanna Arriagada, de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y Jessica Huertas, de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación de Perú, quienes presentaron experiencias sobre la transversalización con perspectiva de género en la política climática de sus países. La sesión fue moderada por Teresa Aguilar, Técnica Especialista del Programa EUROCLIMA+.


“La acción contra el cambio climático puede reforzar o exacerbar las desigualdades, o apuntar intencionalmente a superarlas y acelerar el paso hacia la igualdad de género y la autonomía de las mujeres”, afirmó Aguilar. Para la experta, a medida que se examinan las estructuras normativas, físicas, económicas y socioculturales en respuesta al cambio climático, se deben identificar y abordar las desigualdades de género de larga data.


Por ejemplo, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 80% de los nuevos empleos creados por la agenda de descarbonización estarán en sectores que hoy son dominados por hombres y solo el 20% de estos nuevos empleos se crearán en sectores donde las mujeres son mayoría. 


Esto significa que las mujeres no se beneficiarán de la creación de empleo a menos que se contemple de forma efectiva su participación en el mercado laboral en los sectores que son más relevantes con la descarbonización, como es el caso de energía, agricultura, construcción y gestión de residuos. Las mujeres, por ejemplo, alcanzan un 32% de las personas que trabajan en energías renovables, 10 puntos más alto que en otras industrias energéticas tradicionales. 


Para esto es importante, entre otros, identificar y abordar las brechas de conocimiento en el nexo género y cambio climático; fortalecer la base de evidencia y la comprensión de los impactos diferenciados del cambio climático; generar estadísticas sobre género que se tomen en cuenta en la toma de decisiones y emprender investigaciones sobre las conexiones entre género y factores ambientales, como es el caso de emisiones de gases de efecto invernadero, degradación de la tierra y pérdida de biodiversidad.


Como parte de la sesión, se realizaron grupos de trabajo con representantes gubernamentales y de la sociedad civil de países de América Latina y el Caribe para analizar los principales aspectos por considerar para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en la gobernanza climática. Algunas de las conclusiones principales recogidas y presentadas por la moderadora Teresa Aguilar, fueron la importancia de la intersectorialidad con el propósito de ir más allá e integrar también una perspectiva intergeneracional e intercultural, la relevancia de institucionalizar procesos con distintas fases y de incorporar formalmente el tema de igualdad de género en la legislación sobre cambio climático en los distintos países.


Sobre el encuentro


El Gobierno de Chile, en su calidad de Presidencia de COP25, realiza durante septiembre el Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género, por medio de sus ministerios de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y de la Mujer y la Equidad de Género. El evento cuenta con el apoyo de la Unión Europea, mediante sus programas EUROCLIMA+ y EUROsociAL+, y con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como socios estratégicos clave en la acción climática y para conectar los puntos entre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El encuentro también cuenta con la colaboración del Sistema de Naciones Unidas de Chile y el Gran Ducado de Luxemburgo.


El Encuentro es 100% virtual y se desarrolla en diversas sesiones a lo largo del mes. Las citas muestran experiencias, buenas prácticas, desafíos y oportunidades para integrar la igualdad de género en la acción climática en ALC y en la hoja de ruta de implementación del Acuerdo de París. En el evento participan tomadoras y tomadores de decisión a nivel nacional, regional y global, academia y sociedad civil. 


Contacto de prensa:


Katiana Murillo

Comunicaciones 

Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género

Correo electrónico: 

WhatsApp: +506 83740732

domingo, 18 de julio de 2021

DOS PASOS CLAVE EN EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO POR LA DEFENSA DE UN AMBIENTE SANO EN LATINOAMÉRICA

Heidy Ramirez S. 

En el transcurso de los últimos cinco años se han dado en el mundo importantes avances en materia ambiental en distintos ámbitos, pero específicamente en el marco legal ha habido en Latinoamérica dos hechos relevantes que apuntan al empoderamiento de la ciudadanía: la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Justicia a solicitud de Colombia en 2017 y el Acuerdo de Escazú, suscrito en 2018.  

Para muchos ambientalistas el paso de las leyes lleva retraso lamentable con relación a la rapidez con la que avanzan los delitos en el área. Son mayores las denuncias de asesinatos de líderes y miembros de organizaciones no gubernamentales, los desplazamientos de comunidades originarias por grandes corporaciones explotadoras de recursos naturales y los reportes de contaminación de aguas y suelo entre otros, que las noticias de adelantos enfocados a la protección de nuestro entorno o a la compensación de daños. Sin embargo, es necesario reconocer que sí se han dado pasos importantes en el continente enfocados a cambiar el paradigma legal de todas las naciones así como también a dotar al ciudadano de herramientas para exigir respeto por sus derechos, particularmente el de disfrutar de un ambiente sano. 


Dos de esos adelantos son la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición de Colombia en 2017 y el Acuerdo de Escazú, suscrito en 2018. Ambos documentos están conectados porque se retroalimentan para formar el tejido de la jurisprudencia que bien pudiera dirimir, solucionar y tal vez evitar muchos conflictos a futuro. En cuanto a la opinión consultiva, menciona a Escazú en su párrafo 218 alabando la iniciativa de crear un instrumento regional sobre el acceso a la información, participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la cual finalmente cristalizó un año después. Este acuerdo tiene como pilares fundamentales la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia, el resarcimiento de daños y la creación y fortalecimiento de capacidades. De hecho, a raíz de su ratificación por varios países, iniciaron en el continente importantes ponencias sobre los nuevos desafíos para las empresas y su responsabilidad legal y ciudadana de cara a la transparencia que impone el tratado en cuanto a uso de recursos naturales. 


Sobre la opinión consultiva, una de las potestades de la CIDH de brindar su punto de vista sobre alguna situación particular, esta se refiere a la petición que hizo Colombia en 2016, para aclarar la interpretación del Pacto de San José ante el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en la región del Caribe que eventualmente podrían poner en riesgo el medio ambiente marino y con ello el hábitat humano esencial para el pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la región. Algunos expertos como  profesor de Derecho Internacional Público, de la Universidad de Costa Rica, alegaron que se trató de una estrategia bastante creativa por parte del país solicitante para contener a Nicaragua en su plan de hacer un canal interoceánico en la irresoluta diatriba de ambas 


naciones sobre el Archipiélago de San Andrés. No obstante esta consideración, la OC resultó muy favorable ya que entre otros logros, se reafirmaron algunos principios ambientales y fue la primera oportunidad en que la Corte fue solicitada en este ámbito temático en el marco de un procedimiento consultivo.  


Un poco de contexto sobre la OC

La presentación de la consulta fue hecha el 14 de marzo de 2016 y en ella se plantea la preocupación sobre la responsabilidad de los estados caribeños que emprenden megaproyectos de construcción que puedan afectar el ambiente marino. Colombia alegó que el tema concernía a la comunidad internacional, dados problemas como los sedimentos, el tráfico sobre la zona, los daños a los ecosistemas y la afectación a las comunidades isleñas. Los planteamientos adujeron a secciones específicas del Pacto de San José que requerían ser interpretados. Participaron en el análisis representantes de algunos países y organizaciones. Se recibieron 52 observaciones de distintos sectores. Y finalmente se dio la resolución y la audiencia pública el 22 de marzo de 2017. 


Una de las aclaraciones hechas por la CIDH y que puede conectarse claramente con el empoderamiento ciudadano y con la importancia que tiene esta OC para la región, fue la relativa al alcance. Si bien Colombia en su petición apuntó a los estados del Carible, la corte en el párrafo 35 específicamente expuso que la consulta era relevante para todos los Estados del planeta. Además en el documento final se hizo énfasis en la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente, y los derechos humanos afectados por causa de la degradación, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano y la conexión con el desarrollo sostenible; una dependencia en la que coinciden la Corte, el Tribunal Europeo y la Comisión Africana de Derechos Humanos. 

Aunque la visión antropocéntrica es inherente a los DDHH, en esta OC vale destacar la posición establecida en el párrafo 62 donde dice “el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medioambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos”. Sin duda se abre una posibilidad futura de la defensa del ambiente per se y no por su afectación directa al ser humano. 


Esta consulta recordó también la responsabilidad que tienen los Estados tanto ante sus ciudadanos como ante otros Estados. Al respecto se expresa en el párrafo 101: “la Corte considera que los Estados tienen la obligación de evitar daños ambientales transfronterizos que pudieran afectar los derechos humanos de personas fuera de su territorio”. Y por ende si hubiera afectación, tienen la responsabilidad de enmendar el daño. Y todavía más, en sus conclusiones la corte enfatizó en que la protección de los derechos humanos bajo la Convención Americana no se limitaba al propio espacio territorial.


Según las conclusiones de la Corte en la OC, el Estado tiene varias obligaciones. Entre ellas, la de prevención de violación a los derechos, los cuales también abarcan el ambiente, como indica el párrafo 129: “dicha protección no solo abarca la tierra, el agua y la atmósfera, sino que incluye a la flora y la fauna”. También tiene un deber de regulación y esto es tomar o adecuar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y deberes. En este sentido se otorga especial importancia a los estudios de impacto ambiental, que ya también han sido mencionados como cruciales en otros casos y deben realizarse según estándares internacionales (vale recordar aquí el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras o el de Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam que aunque se enmarcan en la defensa de grupos aborígenes, contemplan las implicaciones ambientales de lo planteado). La obligación de supervisar y fiscalizar abarca tener mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas. Es crucial el respeto a las tradiciones y culturas indígenas también según los apuntes finales de la OC, así como también contar con planes de contingencia creados en mancomunidad para proteger el manto marino y de mitigación en caso de daños ambientales. Otra de las responsabilidades del Estado es la cooperación (gestión conjunta que incluye gestionar y prevenir los daños al medio ambiente) en la cual es un deber notificar los daños potenciales que pueda acarrear una actividad. 


La estrecha relación entre Escazú y la OC


Después de un arduo trabajo de convocatoria, análisis, comunicación y convencimiento de organizaciones y movimientos sociales el 27 de septiembre de 2018 fue suscrito por 24 países el Acuerdo de Escazú, llamado así por la ciudad costarricense donde se gestó. Se trata de un pacto regional para velar por el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de los derechos humanos en ámbitos ambientales. Se conecta directamente con la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 13.1 establece el derecho a buscar, recibir y difundir información bajo los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia. Y en cuanto a los asuntos ambientales especifica que se debe generar toda la información posible sobre proyectos que puedan producir impactos ambientales negativos, dejándola a plena disposición de la sociedad. 


Siguiendo estos parámetros, la petición de Colombia ante los proyectos marítimos de Nicaragua parece coherente y hasta complementaria a Escazú, no obstante resulta paradójico que hasta mediados del año 2021 todavía el país andino no haya procedido a la ratificación del acuerdo. Algunas opiniones en medios digitales de comunicación indican que la estrategia colombiana más que negarlo es engavetarlo basándose en dilaciones del proceso. La última vez que se sesionó en el Congreso, la ponencia objetándolo fue tan larga que no dio tiempo a la votación y se pospuso la discusión. Básicamente se considera que la aprobación puede generar inseguridad jurídica frente al desarrollo de proyectos económicos en razón a la creación de obligaciones amplias para garantizar el acceso a la información y a la participación ambiental. También se habla de la pérdida de soberanía y el riesgo de que los conflictos ambientales sean dirimidos por instituciones internacionales. Estas acciones podrían ser objeto de análisis de cara a la opinión consultiva y su verdadero fin último. 


Adicionalmente como argumento, Colombia forma parte de la CADH desde 1973 y por ende está al tanto de las coincidencias de los derechos de acceso o procedimentales en materia ambiental con lo que persigue el tratado, por lo cual resulta confuso por qué no concreta su respaldo. Como dato importante en la propia opinión consultiva en su párrafo 21 se indica que el país reconoce la importancia que se le debe dar a la cooperación entre Estados que se puedan ver afectados por daños al medio ambiente. Escazú por su parte no tiene competencia en la resolución de los conflictos ambientales de los países y en todo caso si se produjera alguno la CIDH tiene total potestad, como ya se ha evidenciado en otros casos, para conocer y dirimir asuntos de responsabilidad internacional por vulneración de derechos humanos en lo concerniente a temas ambientales.  


En conclusión, un logro


El tema ambiental ha sido un eje en la diversidad de temas manejados por la Corte. La Asamblea General de la OEA ha destacado su conexión con el goce de los derechos humanos. Los estados miembros de este ente además adoptaron el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible 2016-2021, en el cual se reconocen las tres dimensiones del desarrollo económico, social y ambiental. Esta OC en particular reviste gran importancia para la región ya que por primera vez dedica un análisis exhaustivo a las obligaciones concretas que los Estados deben cumplir para la protección ambiental, tal como se afirma en el párrafo 46. También reconoce la estrecha interdependencia entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos (afianzando el Protocolo de San Salvador) y el desarrollo sostenible (párrafo 52). La respuesta a la petición colombiana además hace un recuento de todos los protocolos, convenciones y acuerdos que se han consolidado en el planeta, lo cual podría interpretarse como una inserción en la sintonía o paradigma mundial. Se reconocen en este texto las amenazas que representan la contaminación, el cambio climático, la degradación y la desertificación entre otros. Se menciona al resto de tribunales como el europeo y el africano y su alineación en torno a la interconexión del derecho a un ambiente sano con el resto del conjunto de derechos humanos. Un adelanto crucial para el continente, tiene que ver con la jurisdicción y el derecho marítimo, ya que alerta sobre la vigilancia de los países sobre las actividades que se llevan a cabo dentro del territorio cuidando de no ocasionar perjuicio a otras naciones. Este aspecto puede resultar muy útil para la región centro americana y caribeña que dependen en gran medida de su acceso y uso de espacios marítimos. Dados todos los detalles que ofrece esta OC se podría argumentar que representa no solo un logro ya que mediante su difusión ante la opinión pública se empodera al ciudadano latinoamericano sino también ofrece lineamientos esenciales para el desempeño gubernamental. Si los analistas de este documento pudieran tomarlo como un esquema para políticas públicas y disposiciones gubernamentales a futuro seguramente encontrarían unas excelentes bases o puntos de partida para la mejora de procesos y de gobernanza.


domingo, 11 de abril de 2021

LA VIDA DE ERNESTO BOEDE. PUBLICACION DE LA REVISTA EXPLORA

Un naturalista victoriano del siglo XXI. Veterinario de la vida silvestre, amante de la naturaleza, investigador meticuloso, buen amigo, padre y esposo, entregado en cada tarea, trabajador incansable por Venezuela y colaborador incondicional de Explora, Ernesto Boede se fue muy pronto pero dejó un buen legado en el estudio y conservación de la fauna nacional. 


En la entrega de la Revista Explora correspondiente al año 2020 (número 05) pude colaborar con este excelente artículo que me permitió conocer otra vida de un venezolano amante de su tierra. Esta publicación digital es una obra de arte al alcance de todos. Se puede leer en https://issuu.com/grupoexplora/docs/explora_5


















 

martes, 18 de agosto de 2020

MIGRACIÓN DE MARIPOSAS EN CARACAS


Dr. José Clavijo
En una interesante charla vía redes sociales tal como lo impone la pandemia mundial del Covid 19 en este agosto del 2020, el Dr. José Clavijo, director del MIZA contó detalles sobre la migración de las mariposas por Caracas. Este es un fenómeno que pasa todos los años, pero en este período, quizás por la quietud de la ciudad fue reportado con asombro por los habitantes de la capital.

El Miza, Museo del Instituto de Zoología Agrícola “Francisco Fernández Yépez” es una institución dedicada al estudio de la biodiversidad tropical, ubicado en Maracay, estado Aragua (https://www.miza-ucv.org.ve/), donde se encuentran importantes colecciones de especies. Según el Dr. Clavijo, una de las más importantes es la de artrópodos, a la cual poco a poco se han sumado otras que provienen de investigadores particulares que las han donado al museo. La función primaria del MIZA es el resguardo de estas muestras y su oferta como objeto de estudio tanto a expertos nacionales como foráneos. “Tenemos una fuerte función educativa con visitas guiadas, charlas, cursos y talleres. Lamentablemente contamos ahora con pocos investigadores por la situación del país. El presupuesto anual es un dólar al año pero sobrevivimos gracias al apoyo de muchos venezolanos que hacen posible que se mantenga el trabajo”.
Museo del Instituto de Zoología Agrícola “Francisco Fernández Yépez”
En cuanto a la migración, este es un proceso que se da todos los años desde las últimas semanas de mayo y se puede extender hasta agosto. Las mariposas parten en una sola dirección buscando alimento y sitios adecuados para reproducirse. “Hay teorías que señalan que usan el relieve de las montañas para guiarse. La marcha puede iniciar en el oeste, hasta más allá de Colombia”. Este año se han reportado migraciones desde Cabimas. Esta especie de masa en vuelo va bordeando la cosa y en el transcurso se van incorporando nuevos individuos. No existe una velocidad determinada ya que influyen condiciones meteorológicas como el viento y las precipitaciones. Este experto comenta que en la historia del país se toma a 1964 como un hito, cuando cientos de mariposas se veían en los parabrisas de los carros de la ciudad. 

Para el monitoreo se pueden usar radares atmosféricos de los que se emplean para hacer seguimiento a las lluvias. Lo interesante, apunta, es que lo mismo que pasa de día sucede en la noche, esto es, mientras dormimos los insectos se trasladan por la ciudad a cumplir sus ciclos vitales.
Actualmente en el MIZA se desarrolla una plataforma colaborativa en la cual se podrán ingresar los datos de estos comportamientos. Es un esfuerzo conjunto para que sea una herramienta totalmente versátil, mediante la cual la persona que vaya a hacer observación puede simplemente descargar la información que le interesa sobre una especie en particular o zona especial. Todos los participantes en esta innovación están donando su tiempo y experiencia ya que el museo no cuenta con los recursos que requiere.
En cuanto a las especies que están migrando actualmente, el Dr. Clavijo indica que al menos son seis, entre las cuales puede haber algunas no tan llamativas que la gente confunde con polillas. “Imagínense la importancia de estas migraciones para los murciélagos por ejemplo, que se alimentan de las mariposas, es un proceso relevante para mantener la biodiversidad”.

Las mariposas van parando y se alimentan de néctar de flores o frutas en descomposición, a veces solo toman los nutrientes de tierra mojada, algunas se alimentan de animales muertos y otras no se alimentan. Hay vuelos migratorios sobre el agua y en esos casos no se pueden parar. “Es increíble la fuerza que tienen estos seres vivos. Deben alcanzar una temperatura mínima para que su cuerpo pueda tener el gasto energético necesario. Para descansar se posan sobre plantas, paredes y otros objetos”. La altura que pueden alcanzar depende de las condiciones climáticas y de la especie. Si se consiguen con una corriente de agua la usan como vía de dispersión y nutrición, por ello se puede encontrar colonias considerables en las arenas de los ríos. Las mariposas lamentablemente no duran mucho, unos 19 días en promedio como adultos, pero tienen mucha resistencia, las monarcas por ejemplo pueden volar más de 3 mil kilómetros en pocos días.
El MIZA recibe con gusto los reportes de los ciudadanos sobre los avistamientos, pero el Dr. Clavijo recomienda acompañarlos de la localidad en la que tuvo lugar la observación, la fecha y la hora. Otros datos que son relevantes son el nombre de la persona y quizás si es posible, si las mariposas se estaban alimentando de una planta específica.
Como nota final el investigador indica que uno de los graves problemas mundiales que afecta la migración de los insectos es la contaminación lumínica, que interfiere en el desempeño de estos pequeños contribuyentes a la biodiversidad y hace que las poblaciones sean cada vez más escasas.

lunes, 29 de junio de 2020

FUNDACIÓN TIERRA VIVA Y LA UNIÓN VENEZOLANA DE ORNITÓLOGOS UNEN ESFUERZOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS AVES DE VENEZUELA


La alianza está orientada a la realización de conferencias virtuales entre julio y diciembre
Se busca promover la difusión del trabajo de investigadores venezolanos

Caracas, 28 de junio de 2020
Venezuela se encuentra entre los diez países con mayor diversidad biológica, lo que constituye un gran valor para el desarrollo sustentable del país. Entre esa riqueza, nos destacamos por ser el sexto país con mayor diversidad de aves, contando con casi 1400 especies de este grupo animal, incluyendo residentes y migratorias presentes en todos los ecosistemas del país. Sin embargo, esta riqueza es desconocida por el ciudadano común y, a pesar de los esfuerzos de capacitación y divulgación realizados por distintas instituciones, las estrategias utilizadas aún son escasas y por tanto insuficientes.
  
Para sumar esfuerzos en esa labor divulgativa, la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO) y Fundación Tierra Viva han establecido una alianza en torno a la realización de una serie de charlas virtuales orientadas a promover el conocimiento de nuestra avifauna, los hábitats que ocupan y sus hábitos de alimentación, reproductivos, así como sus problemas de conservación, contando para ellas con profesionales pertenecientes a universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales del país.

Lo anterior está alineado con una de las áreas de trabajo de Fundación Tierra Viva denominada “Somos Biodiversidad”, en la que ha ejecutado actividades educativas, divulgativas y de infraestructura para promover el conocimiento y la conservación de la diversidad biológica en Venezuela. En esta alianza, UVO podrá ejecutar presentaciones en la plataforma zoom entre julio y diciembre de 2020, en la que podrán participar hasta 100 personas en cada oportunidad.

La próxima charla se realizará el 1 de julio 2020 y será presentada por  Miguel Matta-Pereira, de la Colección Ornitológica Phelps, quien hablará sobre "Los nidos de las cien especies de aves mejor conocidas de Venezuela" en memoria de Kathy Phelps. Los interesados en participar deben registrarse en el: https://forms.gle/JbHjWJFbX62jKaXo6 y se les enviará el link el día antes de la fecha de presentación.

Con esta alianza, Fundación Tierra Viva suma otra iniciativa para promover el conocimiento de las aves de Venezuela, entre las que se incluyen la serie “Las aves que veo desde mi ventana” con la Colección Ornitológica Phelps, y aves de plazas y parques de Venezuela ejecutada en alianza con varias instituciones y profesionales incluyendo el Grupo Explora, Audubon de Venezuela, Gecko Travel, David Ascanio, Frank Espinoza, Pedro Cabello Maleno, Luis Cornejo, Maurizio Zanoletti, Alberto Blanco-Dávila y Rosa Elena Albornoz, entre otros.

martes, 28 de abril de 2020

PANDEMIA DEL COVID-19 NOS LLAMA A CONSTRUIR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO Y REFORZAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS: CEPAL


La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, participó en webinar de la Fundación EU-LAC, en donde instó a generar con Europa un “nuevo green deal” para un mundo más democrático, menos desigual y más sostenible.

(27 de abril, 2020) La pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) nos demanda la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, con instituciones más redistributivas que tengan mayor preocupación por las minorías, las mujeres y los adultos mayores, sin olvidar tampoco el cambio climático, señaló este lunes Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un seminario virtual de alto nivel organizado por la Fundación EU-LAC, con sede en Hamburgo (Alemania).
La máxima autoridad de esta comisión regional de las Naciones Unidas realizó también un llamado a la Comisión Europea a generar un “nuevo green deal”, tal como lo ha estado haciendo América Latina y el Caribe, para que ambos confluyan hacia un mundo más democrático, menos desigual y más sostenible.
El webinar titulado “Respuestas y oportunidades de las organizaciones regionales ante la pandemia del COVID-19” fue encabezado por Paola Amadei, Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC, y contó también con la participación Edita Hrda, Directora Ejecutiva de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); Mauricio Escanero, Embajador de México ante la Unión Europea, en su calidad de representante de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (PPT CELAC); Douglas Slater, Subsecretario General de Desarrollo Humano y Social de la Comunidad del Caribe (CARICOM); Claudia Gintersdorfer, Jefa de la División Regional para las Américas de SEAE; Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y Guy van der Eede, Director a.i. de Salud y Consumidores del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El encuentro virtual fue moderado por Adrián Bonilla, Director Ejecutivo Designado de la Fundación EU-LAC.
En su presentación, Alicia Bárcena remarcó que la pandemia del COVID-19 nos invita a pensar sobre el modelo económico-comercial dominante. La privatización de los sistemas de salud ha dado lugar a una enorme fragmentación revelando la enorme desigualdad que hay en nuestra región, enfatizó.
Bárcena remarcó que el COVID-19 es una pandemia de alcance planetario y por ende requiere también una respuesta global coordinada. “Ningún país se salvará solo, menos aún en un mundo que hoy está más interconectado que nunca en la historia de la humanidad. Así lo ha transmitido con fuerza y claridad el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la carta que dirigió a los líderes del G20 el pasado 23 de marzo”, indicó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que la región de América Latina y el Caribe sufrirá fuertes impactos a raíz del coronavirus. La semana pasada, la Comisión entregó su Informe especial COVID-19 N⁰ 2 con sus nuevas proyecciones económicas, en donde se prevé una contracción del PIB regional de -5,3% para 2020, la peor caída de la región desde la Gran Depresión de los años 1930 y la crisis de 1914. En tanto, las exportaciones regionales caerían alrededor del 15% este año. Además, se generarían casi 12 millones más de desempleados en la región, sobre una masa laboral que tiene un 53% de informalidad, lo que es especialmente grave. Esto nos llevará a un incremento de 30 millones de personas en situación de pobreza, dijo.
“El mundo del futuro va a ser completamente diferente. Las empresas están recalculando, hay una reorganización de la geografía económica para depender menos de manufacturas importadas. Tendremos que volver a recurrir a la regionalización y a la integración regional, ya que seguramente las cadenas globales se constituirán en torno a tres polos: las Américas, Europa y Asia Pacífico”, explicó.
Agregó que la cooperación internacional es más urgente en la parte fiscal. Muchos países de la región son considerados de ingreso medio -algunos de ellos en el Caribe, que ya están fuertemente endeudados- por lo tanto, no les dan facilidades concesionales a bajo costo, ni bajos intereses. “Hacemos un llamado también para que las organizaciones multilaterales presten a tasas de interés favorables y alivien de la deuda a países altamente endeudados, aplazándola o condonándola. De lo contrario, los pagos serán imposibles y se comprometerá el espacio fiscal”, dijo Bárcena.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas indicó asimismo que es necesario generar un concepto de cooperación con Europa mucho más sólido. “Ya lo tenemos, pero hay que reforzarlo. Hay que ir más allá porque va a haber una reconfiguración del comercio. La pregunta es cómo logramos que un mercado de 650 millones de habitantes como el nuestro pueda tener un papel importante, una mejor colaboración tecnológica, digital, en todos los temas en verdad”, declaró Bárcena.
Durante su intervención, Alicia Bárcena recordó que la CELAC ha solicitado a la CEPAL elaborar estudios sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia en la región, así como formular recomendaciones para su mitigación. En respuesta a ese mandato, la Comisión ha creado un Observatorio COVID-19, que recopila y pone a disposición tanto las políticas públicas que los 33 países de la región están tomando, como el análisis de sus impactos económicos y sociales.
Fuente: CEPAL
Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, participó en webinar de la Fundación EU-LAC, en donde instó a generar con Europa un “nuevo green deal” para un mundo más democrático, menos desigual y más sostenible.
(27 de abril, 2020) La pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) nos demanda la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, con instituciones más redistributivas que tengan mayor preocupación por las minorías, las mujeres y los adultos mayores, sin olvidar tampoco el cambio climático, señaló este lunes Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante un seminario virtual de alto nivel organizado por la Fundación EU-LAC, con sede en Hamburgo (Alemania).
La máxima autoridad de esta comisión regional de las Naciones Unidas realizó también un llamado a la Comisión Europea a generar un “nuevo green deal”, tal como lo ha estado haciendo América Latina y el Caribe, para que ambos confluyan hacia un mundo más democrático, menos desigual y más sostenible.
El webinar titulado “Respuestas y oportunidades de las organizaciones regionales ante la pandemia del COVID-19” fue encabezado por Paola Amadei, Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC, y contó también con la participación Edita Hrda, Directora Ejecutiva de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); Mauricio Escanero, Embajador de México ante la Unión Europea, en su calidad de representante de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (PPT CELAC); Douglas Slater, Subsecretario General de Desarrollo Humano y Social de la Comunidad del Caribe (CARICOM); Claudia Gintersdorfer, Jefa de la División Regional para las Américas de SEAE; Olinda Salguero, Jefa de Gabinete de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y Guy van der Eede, Director a.i. de Salud y Consumidores del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El encuentro virtual fue moderado por Adrián Bonilla, Director Ejecutivo Designado de la Fundación EU-LAC.
En su presentación, Alicia Bárcena remarcó que la pandemia del COVID-19 nos invita a pensar sobre el modelo económico-comercial dominante. La privatización de los sistemas de salud ha dado lugar a una enorme fragmentación revelando la enorme desigualdad que hay en nuestra región, enfatizó.
Bárcena remarcó que el COVID-19 es una pandemia de alcance planetario y por ende requiere también una respuesta global coordinada. “Ningún país se salvará solo, menos aún en un mundo que hoy está más interconectado que nunca en la historia de la humanidad. Así lo ha transmitido con fuerza y claridad el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la carta que dirigió a los líderes del G20 el pasado 23 de marzo”, indicó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que la región de América Latina y el Caribe sufrirá fuertes impactos a raíz del coronavirus. La semana pasada, la Comisión entregó su Informe especial COVID-19 N⁰ 2 con sus nuevas proyecciones económicas, en donde se prevé una contracción del PIB regional de -5,3% para 2020, la peor caída de la región desde la Gran Depresión de los años 1930 y la crisis de 1914. En tanto, las exportaciones regionales caerían alrededor del 15% este año. Además, se generarían casi 12 millones más de desempleados en la región, sobre una masa laboral que tiene un 53% de informalidad, lo que es especialmente grave. Esto nos llevará a un incremento de 30 millones de personas en situación de pobreza, dijo.
“El mundo del futuro va a ser completamente diferente. Las empresas están recalculando, hay una reorganización de la geografía económica para depender menos de manufacturas importadas. Tendremos que volver a recurrir a la regionalización y a la integración regional, ya que seguramente las cadenas globales se constituirán en torno a tres polos: las Américas, Europa y Asia Pacífico”, explicó.
Agregó que la cooperación internacional es más urgente en la parte fiscal. Muchos países de la región son considerados de ingreso medio -algunos de ellos en el Caribe, que ya están fuertemente endeudados- por lo tanto, no les dan facilidades concesionales a bajo costo, ni bajos intereses. “Hacemos un llamado también para que las organizaciones multilaterales presten a tasas de interés favorables y alivien de la deuda a países altamente endeudados, aplazándola o condonándola. De lo contrario, los pagos serán imposibles y se comprometerá el espacio fiscal”, dijo Bárcena.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas indicó asimismo que es necesario generar un concepto de cooperación con Europa mucho más sólido. “Ya lo tenemos, pero hay que reforzarlo. Hay que ir más allá porque va a haber una reconfiguración del comercio. La pregunta es cómo logramos que un mercado de 650 millones de habitantes como el nuestro pueda tener un papel importante, una mejor colaboración tecnológica, digital, en todos los temas en verdad”, declaró Bárcena.
Durante su intervención, Alicia Bárcena recordó que la CELAC ha solicitado a la CEPAL elaborar estudios sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia en la región, así como formular recomendaciones para su mitigación. En respuesta a ese mandato, la Comisión ha creado un Observatorio COVID-19, que recopila y pone a disposición tanto las políticas públicas que los 33 países de la región están tomando, como el análisis de sus impactos económicos y sociales.
Fuente: CEPAL

miércoles, 9 de octubre de 2019

ESTRATEGIA NACIONAL, APOYO A LA CIENCIA Y ACCIONES PRECISAS REQUIERE EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN VENEZUELA


La declaración del Ávila, documento resultado de dos días de disertaciones en materia de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria expone que Venezuela como país petrolero enfrenta desafíos complejos que demandan la toma de decisiones precisas y asertivas apoyadas en un robusto apoyo técnico-científico para el diseño de estrategias y acciones enfocadas a la mitigación y adaptación.
Es una tarea a la cual los investigadores y científicos se comprometen a seguir respaldando incluso con la creación de un Observatorio Nacional del Cambio Climático, que además sería clave para la tan esperada ley que está en proceso de redacción en manos del Poder Legislativo.
Estas ideas fueron producto del III Simposio de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria llevado a cabo en Caracas los días 8 y 9 de octubre bajo la dirección de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) y con el apoyo de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat (Anihven), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Metropolitana (Unimet).
Las conferencias magistrales y ponencias de este encuentro dejaron ver que si bien el país atraviesa una de las crisis económico-política más compleja de su historia cuenta con un potencial humano invaluable que pese a las carencias se mantiene en estudio constante ofreciendo datos y en disposición a contribuir al desarrollo. Los estudios de este simposio son insumo de primera mano para el diseño de políticas públicas que disminuirían en buena medida los efectos que innegablemente tiene y tendrá el cambio climático en la vida del venezolano, sin distinción de ningún tipo.
En la instalación del evento, Benjamín Sharifker, rector de la Unimet,  expuso que el cambio climático sin duda debe mucho a la actividad humana y al consumo de combustibles fósiles, por lo cual ya muchos países se habían volcado al uso de energías alternativas, realidad que presiona la reconversión de la economía petrolera. En este sentido Venezuela tiene la gran responsabilidad de reenfocar la explotación de sus recursos. También el científico Ismardo Bonalde primer vicepresidente de la Acfiman al hacer recuento de los simposios anteriores y otras actividades relacionadas con cambio climático organizadas por la institución, hizo un llamado al actual gobierno y a los que le sigan a invertir en la investigación científica como base de la promoción del desarrollo del país.  

La seguridad alimentaria, un problema de poder y de pobreza 

Una de las conferencias de apertura correspondió al académico (Acfiman) Carlos Machado Allison, quien expuso que un elemento clave para hablar de  cambio climático en Venezuela es el derecho a la propiedad. “Si no se es dueño del suelo que se cultiva el agricultor piensa en el provecho de un día y no en el futuro. Donde hay firmes derechos de propiedad existe seguridad alimentaria, riqueza y procura de soluciones ambientales”.
El tema según Machado no es atendido por el Gobierno y en la opinión pública el cambio climático no va más allá del uso de las bolsas plásticas y el deshielo en los polos, pero en el resto del mundo ya se están dando importantes pasos apoyados por tecnología de vanguardia que no se conocen ni se tienen no solo en Venezuela sino en buena parte de Latinoamérica. En lo que respecta a seguridad alimentaria, se trata de procurar producir, procesar y distribuir suficientes alimentos para una población pero que también ésta tenga la posibilidad de adquirirlos, lo que demanda una economía sana con acceso a los bienes y servicios. A su criterio en agricultura se requerirá cambiar algunos cultivos por otros porque variarán las condiciones climáticas, igual la ganadería tendrá que adaptarse a nuevos ciclos de agua. 

El reto de alimentar al mundo y la pérdida de alimentos

En materia de seguridad alimentaria algunas de las ponencias se enfocaron al aumento de la capacidad de producción de las plantas y a la optimización de uso de recursos. Pero también se habló de la pérdida de alimentos calculada en 1300 millones de toneladas anuales por problemas de capacitación, educación y gerencia lo que a la vez conlleva a gasto innecesario agua, energía y agroquímicos para obtenerlos.
En opinión de los expertos la producción actual de alimentos es suficiente para la humanidad pero las pérdidas son desmedidas. De allí que sean desafíos aspectos como calidad de las cosechas, calidad de transporte procesamiento y empaque, infraestructura vial, inteligencia de mercados, administración de inventarios, conocimiento de las cadenas agroalimentarias y del consumidor final. El complejo sistema agroalimentario requiere un importante gasto de agua, ocupa alrededor de 5 mil millones de hectáreas, es responsable del 13,5% de las emisiones de CO2, utiliza más de 200 millones de toneladas de fertilizantes y consume entre el 15 y 25% de la energía fósil disponible. De cara al futuro (2050) se espera un incremento del 34% de la población mundial, concentrada mayormente en las grandes ciudades y se pronostica que se requerirá cerca de un 70% más de alimentos. Por todo lo anterior, es crucial promover en los países no solo el desarrollo de habilidades para producir y consumir mejor ante la esperada evolución humana sino también para hacer frente a las alteraciones que vendrán por los cambios ambientales. 

La ciencia puede tener gran parte de las respuestas

Así como en otras etapas de la historia del mundo, la actual más que presentar un escenario catastrófico, invita a un reordenamiento. Eduardo Buroz, profesor, investigador y miembro también de las Academias propone pensar más en un escenario de alerta y de acciones más que uno fatal ante el cambio climático. “Debemos prestar atención al manejo de los acuíferos y suelos, buscar variedades más resistentes en agricultura y ganadería, mantener las líneas de investigación de las universidades adaptadas a nuestra realidad y empezar a imaginar los sistemas de producción que necesitaremos dentro de veinte años. Todo ello participando en los planes globales de adaptación frente al cambio climático teniendo claro que es un problema mundial”. Al respecto, Nelson Hernández de la Anihven en su  conferencia sobre el uso de la energía en la cadena alimentaria, propuso buscar modelos alternativos que sean capaces de producir alimentos para todos, desde la eficiencia energética, biológica y económica. “Un modelo multifuncional, creativo y atractivo que permita la participación individual y colectiva en la construcción eficiente del insumo de nutrientes que se necesita para la continuidad de la vida”. Lógicamente esto comprende un sinfín de opciones, como las planteadas en las ponencias de este simposio, que abarcan retomar conocimientos ancestrales en materia de producción, promover especies autóctonas, educar a la población en la conservación ambiental y nuevos modos de obtención de alimentos, reacondicionar los suelos para la producción, buscar energías alternativas, lograr enfoques multidisciplinarios en las investigaciones y hacer sinergia con expertos y tecnologías de otras latitudes. 

El punto final lo pondrá la capacidad de llegar a un consenso. Tal como comentó en su conferencia el profesor Rafael Rodríguez, investigador de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA), el gran desafío estará en la articulación de los expertos y enfoques de investigación en materia de cambio climático con los tomadores de decisiones. En un contexto donde existen conflictos entre los intereses a corto y largo plazo y los problemas se interpretan de forma diferente según las inclinaciones de cada grupo toca mucho trabajo por hacer para llegar al ideal que es tener a todo un país enfocado al logro de un objetivo común frente a una amenaza global ya innegable. 

Para más información sobre la Acfiman (@acfimanve) puede consultarse su página web: https://acfiman.org y para conocer el programa de ponencias que se desarrolló en el simposio así como los investigadores relacionados se puede consultar el enlace: https://acfiman.org/2019/09/04/simposio-cambio-climatico/